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ADAPTACI脫N DE LAS MEDIDAS RELATIVAS AL EMPLEO P脷BLICO CONTENIDAS EN EL RDL 8/2010 EN LAS CC.AA Y LOS GOBIERNOS LOCALES

IDEAS FUERZA:
El Real Decreto Ley 8/2010 que ha aprobado el Gobierno de la Naci贸n es improvisado, insuficiente e injusto, consecuencia de pol铆ticas carentes de visi贸n de futuro, generadoras de inestabilidad y desconfianza.
Las medidas se han tomado sin ning煤n tipo de planificaci贸n, no atienden a las exigencias de la grave situaci贸n que atraviesa Espa帽a y perjudican injusta e innecesariamente a los sectores m谩s indefensos de la sociedad: los pensionistas, empleados p煤blicos, madres y dependientes.
Son medidas que constri帽en el consumo y sin consumo no hay crecimiento ni inversi贸n, m谩s a煤n cuando el cr茅dito no circula.
La reducci贸n de retribuciones que se han aplicado los altos cargos de la Administraci贸n General del Estado es claramente discriminatoria con la que se han establecido para los altos cargos de otras administraciones p煤blicas (CC.AA y EE.LL). Los Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores Generales tambi茅n perciben retribuciones por otro tipo de conceptos (complementos de productividad y dietas por asistencia a Consejos de administraci贸n, etc.) que en la mayor铆a de los casos no los perciben los altos cargos de las CC.AA y EE.LL, lo que conlleva grandes desequilibrios entre unas y otras retribuciones.
El RDL, contraviniendo lo establecido en el modelo constitucional, es injusto y discriminatorio ya que otorga diferente tratamiento a los funcionarios con los empleados laborales y entre los propios laborales al excluir de estas medidas a los de las empresas p煤blicas AENA, ADIF, RENFE, etc.
El Sr. Rodriguez Zapatero y su Gobierno son los 煤nicos responsables de la reducci贸n de las retribuciones de los empleados p煤blicos. Las Comunidades Aut贸nomas y los Ayuntamientos se limitan exclusivamente a cumplir con las obligaciones que le dicta el RDL.
El Gobierno ha trasladado la decisi贸n de las bajadas salariales a las Comunidades Aut贸nomas y Ayuntamientos, con ello el PSOE est谩 intentando desviar la atenci贸n de las medidas del RDL y hacerla recaer en las decisiones que tomen tanto Ayuntamientos como Comunidades Aut贸nomas, con la consecuente confrontaci贸n sindical y con perjuicio en la prestaci贸n de servicios p煤blicos.
Las administraciones gobernadas por el PP buscar谩n la f贸rmula menos perjudicial para el empleado p煤blico, cumpliendo exclusivamente con las obligaciones dictadas por el Gobierno socialista, en todo caso con el respeto a la normativa y al procedimiento legal.
Caso contrario podr铆an dar lugar a impugnaciones de los Decretos de las Comunidades Aut贸nomos y Acuerdos Plenarios de los Ayuntamientos.
El Partido Popular cree en la funci贸n p煤blica y considera que nuestras AA.PP cuentan con los mejores empleados p煤blicos. El personal al servicio del sector p煤blico son los primeros en ser solidarios y siempre est谩n al lado de los ciudadanos, ellos prestan eficazmente los servicios b谩sicos que demanda la sociedad espa帽ola (maestros, m茅dicos y personal sanitario, profesores, polic铆as, guardias civiles,鈥)
Los representantes de las CC.AA y ayuntamientos gobernados por el PP est谩n dispuestos a negociar con los sindicatos y a tener en cuenta sus propuestas a la hora de llevar a la pr谩ctica las reducciones, para ello se convocar谩n las diferentes mesas de negociaci贸n.
Este RDL no exime de la negociaci贸n individual en CC.AA y Aytos con car谩cter previo a la aprobaci贸n de normativa y de acuerdos que adopten por lo menos en lo referente a las reducciones en masa para laborales y para funcionarios, lo contrario podr铆a conllevar causa de impugnaci贸n del RDL.
Existe una gran dificultad para aplicar de una forma homog茅nea las medidas dispuestas en este RDL para todas las AA.PP debido a las dificultades t茅cnicas y a las diferentes interpretaciones para fijar los porcentajes de reducci贸n en las retribuciones complementarias y en el concepto de masa salarial.
Ha salido publicada la instrucci贸n de nomina de aplicaci贸n para la AGE, cada administraci贸n tendr谩 que elaborar la propia. La instrucci贸n de la AGE es de dif铆cil aplicaci贸n para las Corporaciones Locales y las Comunidades Aut贸nomas.
Tampoco existe ninguna cl谩usula por la que el Gobierno, una vez alcanzados los objetivos propuestos en este RD-L, deje de operar la excepcionalidad prevista en el, y se obligue a restablecer las condiciones anteriores a la entrada en vigor de esta norma.
En este sentido algunos ayuntamientos han condicionado la vigencia de la minoraci贸n de las retribuciones de los cargos electos y altos cargos al mismo per铆odo de vigencia de las medidas retributivas contenidas en el RDL 8/2010 para los empleados del sector p煤blico.
La huelga del sector p煤blico convocada por los sindicatos para el 8 de junio es contra el Gobierno de Rodriguez Zapatero, por tanto la responsabilidad de fijar los servicios m铆nimos deber铆a ser dirigida a la Vicepresidenta Primera del Gobierno, como responsable de funci贸n p煤blica. El Gobierno y alg煤n sindicato van a intentar dirigir las protestas contra los gobiernos del PP.

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