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ADAPTACIÓN DE LAS MEDIDAS RELATIVAS AL EMPLEO PÚBLICO CONTENIDAS EN EL RDL 8/2010 EN LAS CC.AA Y LOS GOBIERNOS LOCALES

IDEAS FUERZA:
El Real Decreto Ley 8/2010 que ha aprobado el Gobierno de la Nación es improvisado, insuficiente e injusto, consecuencia de políticas carentes de visión de futuro, generadoras de inestabilidad y desconfianza.
Las medidas se han tomado sin ningún tipo de planificación, no atienden a las exigencias de la grave situación que atraviesa España y perjudican injusta e innecesariamente a los sectores más indefensos de la sociedad: los pensionistas, empleados públicos, madres y dependientes.
Son medidas que constriñen el consumo y sin consumo no hay crecimiento ni inversión, más aún cuando el crédito no circula.
La reducción de retribuciones que se han aplicado los altos cargos de la Administración General del Estado es claramente discriminatoria con la que se han establecido para los altos cargos de otras administraciones públicas (CC.AA y EE.LL). Los Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores Generales también perciben retribuciones por otro tipo de conceptos (complementos de productividad y dietas por asistencia a Consejos de administración, etc.) que en la mayoría de los casos no los perciben los altos cargos de las CC.AA y EE.LL, lo que conlleva grandes desequilibrios entre unas y otras retribuciones.
El RDL, contraviniendo lo establecido en el modelo constitucional, es injusto y discriminatorio ya que otorga diferente tratamiento a los funcionarios con los empleados laborales y entre los propios laborales al excluir de estas medidas a los de las empresas públicas AENA, ADIF, RENFE, etc.
El Sr. Rodriguez Zapatero y su Gobierno son los únicos responsables de la reducción de las retribuciones de los empleados públicos. Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos se limitan exclusivamente a cumplir con las obligaciones que le dicta el RDL.
El Gobierno ha trasladado la decisión de las bajadas salariales a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, con ello el PSOE está intentando desviar la atención de las medidas del RDL y hacerla recaer en las decisiones que tomen tanto Ayuntamientos como Comunidades Autónomas, con la consecuente confrontación sindical y con perjuicio en la prestación de servicios públicos.
Las administraciones gobernadas por el PP buscarán la fórmula menos perjudicial para el empleado público, cumpliendo exclusivamente con las obligaciones dictadas por el Gobierno socialista, en todo caso con el respeto a la normativa y al procedimiento legal.
Caso contrario podrían dar lugar a impugnaciones de los Decretos de las Comunidades Autónomos y Acuerdos Plenarios de los Ayuntamientos.
El Partido Popular cree en la función pública y considera que nuestras AA.PP cuentan con los mejores empleados públicos. El personal al servicio del sector público son los primeros en ser solidarios y siempre están al lado de los ciudadanos, ellos prestan eficazmente los servicios básicos que demanda la sociedad española (maestros, médicos y personal sanitario, profesores, policías, guardias civiles,…)
Los representantes de las CC.AA y ayuntamientos gobernados por el PP están dispuestos a negociar con los sindicatos y a tener en cuenta sus propuestas a la hora de llevar a la práctica las reducciones, para ello se convocarán las diferentes mesas de negociación.
Este RDL no exime de la negociación individual en CC.AA y Aytos con carácter previo a la aprobación de normativa y de acuerdos que adopten por lo menos en lo referente a las reducciones en masa para laborales y para funcionarios, lo contrario podría conllevar causa de impugnación del RDL.
Existe una gran dificultad para aplicar de una forma homogénea las medidas dispuestas en este RDL para todas las AA.PP debido a las dificultades técnicas y a las diferentes interpretaciones para fijar los porcentajes de reducción en las retribuciones complementarias y en el concepto de masa salarial.
Ha salido publicada la instrucción de nomina de aplicación para la AGE, cada administración tendrá que elaborar la propia. La instrucción de la AGE es de difícil aplicación para las Corporaciones Locales y las Comunidades Autónomas.
Tampoco existe ninguna cláusula por la que el Gobierno, una vez alcanzados los objetivos propuestos en este RD-L, deje de operar la excepcionalidad prevista en el, y se obligue a restablecer las condiciones anteriores a la entrada en vigor de esta norma.
En este sentido algunos ayuntamientos han condicionado la vigencia de la minoración de las retribuciones de los cargos electos y altos cargos al mismo período de vigencia de las medidas retributivas contenidas en el RDL 8/2010 para los empleados del sector público.
La huelga del sector público convocada por los sindicatos para el 8 de junio es contra el Gobierno de Rodriguez Zapatero, por tanto la responsabilidad de fijar los servicios mínimos debería ser dirigida a la Vicepresidenta Primera del Gobierno, como responsable de función pública. El Gobierno y algún sindicato van a intentar dirigir las protestas contra los gobiernos del PP.

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